A diez años del Informe Guatemala, Memoria del Silencio, el gobierno guatemalteco sigue sin mostrar voluntad política para cumplir todas las recomendaciones que desde Naciones Unidas se plantearon. Por ello diferentes organizaciones de la sociedad civil; grupos de mujeres, comunidades indígenas y grupos organizados optan por reclamar la sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. En esta labor, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala publica este trabajo que proporciona instrumentos jurídicos y elementos materiales para que organizaciones o personas interesadas en plantear casos puedan utilizar las distintas vías que existen para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos de violación sexual, cometidos por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado.