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ANALISIS DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO EN EL ESTADO ESPAÑOL EN EL PERIODO 2000-2003

Coordinador: Eduardo Sánchez Jacob. (Octubre 2003)

En 1995 los partidos políticos firmaron el Pacto de la Solidaridad en el que se comprometían a destinar el 0´7% de Producto Nacional Bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), es decir, a dedicar el 0´7% de nuestra riqueza nacional a promover el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo. A pesar de los ocho años transcurridos tras la firma del Pacto, la AOD se ha situado en torno al 0,25%.

Después de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002), el Gobierno sólo se ha comprometido a destinar el 0,33% para el 2006, menos de la mitad de lo que se pactó una década atrás. Esta falta de compromiso no se puede achacar a la debilidad de la economía española, que ha evolucionado de forma positiva en los últimos años, sino a una falta de voluntad política.

El objetivo de la cooperación española es la lucha contra la pobreza, según se establece en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo española y recoge el Plan Director del 2001-2004 del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lamentablemente ninguna norma legal ha definido o caracterizado qué es "la lucha contra la pobreza" y la orientación de la AOD española contradice lo que el consenso internacional, y el sentido común, entienden como tal:

• La pobreza se concentra en los países de rentas bajas y en los Países Menos Adelantados (PMA), especialmente en el África Subsahariana. Sin embargo, la AOD española se orienta a países de rentas medias o medias-bajas.
• La mejor forma de luchar contra la pobreza es invertir en Servicios Sociales Básicos (SSB), como la educación primaria, la atención sanitaria básica, la nutrición o el agua potable. Sin embargo, el porcentaje de la AOD española que se destina a los SSB está por debajo del 20%, cantidad comprometida por el Estado español ante las Naciones Unidas en la Cumbre de Copenhague.

En los últimos años ha habido un importante desarrollo de la normativa de la cooperación española (Ley de cooperación, plan director 2001-2004, prioridades transversales y sectoriales, planes anuales, estrategias, reforma de la AECI, nuevas bases de financiación de las ONGD, regulación de los microcréditos, etc.). Sin embargo, este desarrollo normativo no ha resuelto, e incluso ha empeorado, algunos de los problemas que la cooperación española arrastra desde el pasado:

• En muchas ocasiones las acciones de cooperación se subordinan a intereses económicos, comerciales, políticos o culturales ajenos a la lógica del desarrollo y la lucha contra la pobreza, como por ejemplo la exportación de las empresas españolas.
• La AOD se gestiona desde distintos Ministerios, como los de Economía, Hacienda, o Defensa, que claramente tienen objetivos distintos a los definidos en las estrategias y planes del Ministerio de Asuntos Exteriores, (como por ejemplo, el conflicto bélico de Irak).
• La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en lugar de profundizar su vertiente de agencia de desarrollo y especializarse en las prioridades definidas, ya sean transversales o sectoriales, difumina su carácter asumiendo nuevas competencias en el ámbito de la cultura, como la gestión de la Fundación Carolina para la formación de elites en algunos países, o la financiación de la Casa de España en Miami,
• La asignación de los recursos económicos de la AOD se hace con escasa objetividad y transparencia, y con un alto grado de discrecionalidad. Por ejemplo, en las subvenciones a los proyectos que desarrollan las ONG no existe un baremo público que permita conocer la valoración de los proyectos, y porqué motivos unos proyectos son subvencionados y otros no.

En el año 2000, coincidiendo el fin del milenio, se organizó a nivel mundial una campaña para conseguir la condonación de la deuda externa que frenaba el desarrollo de muchos países pobres. En España esta campaña tuvo un importante apoyo social que se plasmó en la recogida de cientos de miles de adhesiones y una Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa donde votaron más de un millón de personas. A pesar de este apoyo social, y de estar demostrado que las deudas de algunos países son insostenibles y frenan injustamente su desarrollo, las operaciones de condonación de deuda han sido muy escasas, con la excepción de Nicaragua en el 2001, y han estado ligadas a motivaciones ajenas al desarrollo, como la participación de los países centroamericanos en la Brigada Plus Ultra de Irak.

Por el contrario, en los últimos años se está generando nueva deuda a través de la ayuda reembolsable, especialmente los créditos FAD. La concesión de un crédito en condiciones sustancialmente mejores a las del mercado puede ser un instrumento eficaz de ayuda; sin embargo, en algunos casos los créditos FAD españoles no lo están siendo, entre otras, por las siguientes razones:

• Estar otorgados a países que no son prioritarios y que no respetan los Derechos Humanos, como China.
• Estar destinados a países ya muy endeudados, que necesitan disminuir su deuda, y no acrecentarla con nuevos créditos difíciles de devolver, como está sucediendo en Nicaragua.
• Estar destinados a fines alejados de la la lucha contra la pobreza y el suministro de Servicios Sociales Básicos, como por ejemplo, instalaciones deportivas.
• Estar ligados a la compra de bienes y servicios españoles, lo que supone una fuerte restricción en la búsqueda de la mejor oferta y en estímulo de los mercados locales.

Por otra parte, el programa de microcréditos, que también es ayuda que genera deuda, está creciendo en los últimos años sin que se haya definido claramente cómo van a incidir directamente en la lucha contra la pobreza.

Si bien la AOD es imprescindible para financiar programas de reducción de la pobreza en los países más pobres, no es suficiente para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo, y se debe acompañar por unas políticas internacionales más justas que favorezcan a los países en vías de desarrollo. En los últimos años se ha avanzado poco en algunas áreas críticas, como:

• El comercio internacional, especialmente el agrícola, que penaliza la importación de productos de los países en desarrollo y se subvenciona la exportación de productos europeos.
• Las patentes, como las de los medicamentos para tratar el SIDA, que no permiten que sean fabricados como genéricos para su distribución entre los millones de afectados de los países del Sur.
• La inmigración, que no está bien regulada en nuestro país, y que para muchas de las regiones pobres donde se origina la inmigración supone una fuente esencial de recursos económicos a través de las remesas que los/as inmigrantes a sus familias.
• Los conflictos bélicos, como en Afganistán y Irak, que suponen, además de la pérdida de miles de vidas y la destrucción de las infraestructuras sociales y económicas, un gasto militar y en reconstrucción que se debería emplear en la promoción de la paz y el desarrollo.

En la participación española en la Guerra de Irak y en la crisis humanitaria que originó la guerra, el Gobierno ha utilizado inadecuadamente el término "humanitario". La participación española no se ha ajustado a lo que en Derecho Internacional se entiende por intervención humanitaria, que consiste en proteger la vida y dignidad de las personas.

El Gobierno pretende contabilizar como Ayuda Oficial al Desarrollo parte de los gastos que esta originando este conflicto, lo que significa que partidas destinas a la lucha contra la pobreza serán reducidas. De ser así, una vez más, el Gobierno español no seguirá los criterios internacionalmente aceptados de contabilización de AOD.

El 8 de septiembre de 2000, en la octava Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Jefes de Estado y Gobierno, entre ellos el español, aprobaron la Declaración del Milenio, y se comprometieron a alcanzar 18 metas para el año 2015:

METAS DE LA DECLARACIÓN DEL MILENIO

1. Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.

2. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.

3. Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015.

5. Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.

6. Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.

7. Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA.

8. Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.

9. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

10. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable.

11. Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020.

12. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

13. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.

14. Atender a la necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

15. Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.

16. En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo.

18. En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Fuente: Naciones Unidas

Tres años después de la aprobación de esta declaración, el Gobierno español no ha diseñado planes concretos con calendarios y presupuestos, que permitan al Estado español contribuir solidariamente a alcanzar estas metas. Un ejemplo significativo, es el caso de la meta 10 referente al agua potable, ya que tras la declaración disminuyeron los fondos destinados a este concepto.

Lamentablemente la Oficina de Planificación y Evaluación del Ministerio de Asuntos Exteriores, en su informe sobre la AOD española en 2002, no informa en qué medida se están alcanzando estas metas, haciendo sólo estimaciones de desembolsos, cuando los indicadores establecidos son otros: personas que viven con ingresos inferiores a 1 dólar, personas que pasan hambre, etc.

En estos años el Gobierno ha modificado la composición del Consejo de Cooperación, alterando para ello un Real Decreto que apenas tenía seis meses de vigencia. El propósito de la reforma ha sido incrementar la cuota correspondiente a la representación de la Administración, asegurar el nombramiento por parte de del Secretario de Estado de los expertos y expertas y reservarse la capacidad de designar una parte de la representación de las ONGD, alterando el principio que hasta entonces había regido de libre elección de representantes por parte del propio colectivo. Estos cambios terminaron por convertir el Consejo de Cooperación en un órgano puramente designativo, deslegitimando su función como órgano de participación, tal como lo define la Ley de Cooperación.

Por otra parte, la incapacidad de percibir la crítica como una contribución al enriquecimiento de la política de Ayuda, ha hecho que la Administración no cuente con algunas de las ONG y los expertos/as que habían formulado reservas a cerca de la orientación de la política de cooperación.

Desde fuera de nuestro país las críticas que recibe la cooperación española son similares a las que plantea la CONGDE. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, órgano al que pertenecen los principales países donantes y que tiene como misión establecer las directrices básicas de la Cooperación al Desarrollo y velar por su cumplimiento, examinó en el año 2002 la política española de cooperación. En su examen encontró aspectos deficientes, en vista de los cuales realizó las siguientes recomendaciones, que coinciden en gran medida con la que plantean las ONG españolas:

RECOMENDACIONES DEL CAD A ESPAÑA

1. Intentar por todos los medios posibles alcanzar el 0,33% de AOD/PNB en el 2006.

2. Asegurar que la ayuda a los países de ingresos medios esté efectivamente orientada a la reducción de la pobreza y a apoyar los Objetivos del Milenio

3. Clarificar las políticas de prestamos y donaciones, teniendo en cuenta la sostenibilidad de la deuda de los países receptores y su nivel de ingresos.

4. Establecer un sistema de planificación y ejecución de la ayuda orientada a resultados que permita el aprendizaje, e integrar los Objetivos del Milenio y otros indicadores para evaluar su funcionamiento.

5. Asegurar que los programas de becas y culturales refuerzan el objetivo de reducir la pobreza.

6. Incrementar los recursos destinados a los Servicios Sociales Básicos.

7. Mejorar la coherencia de la política de desarrollo animando un debate público más amplio y fortalecer la capacidad analítica del Ministerio de Asuntos Exteriores en áreas que tienen un impacto sobre los países en desarrollo, como el comercio, la agricultura y la pesca.

8. Asignar al Ministerio de Asuntos Exteriores un papel más claro de liderazgo con el objeto de que dé directrices a los otros Ministerios y actores para obtener mayores sinergias. Dados los recursos crecientes movilizados desde la cooperación descentralizada, los gobiernos autónomos y locales son animados a mejorar las sinergias con las políticas nacionales, especialmente teniendo en cuenta las estrategias por países y sectores.

9. Continuar con la revisión completa del impacto en la reducción de la pobreza de los créditos FAD para reforzar su apropiación y efectividad.

10. Incrementar la responsabilidad de los países receptores en la gestión de la ayuda, mejorando las relaciones entre los proyectos individuales y las políticas nacionales de reducción de la pobreza y trabajando sobre sectores con otros donantes.

11. Asegurarse que las actividades de las ONG cofinanciadas por las administraciones central y autonómicas son consistentes con las estrategias de país y sector de la cooperación española.

12. Continuar con el desarrollo y fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la ayuda española, especialmente de los créditos FAD y de la cooperación descentralizada.

Fuente: España. Examen de la Cooperación al Desarrollo. CAD/OCDE. 2002

En: http://www.congde.org

UGT, CCOO, Intermón Oxfam y Setem trabajan conjuntamente desde el 4 de marzo en la campaña Juega limpio en las Olimpiadas. La campaña va destinada a conseguir un compromiso por parte del sector de la confección de ropa y calzado deportivo que garantice unas condiciones de trabajo dignas a las personas, mayoritariamente mujeres, empleadas en el último eslabón de la cadena de producción.

Juega limpio en las Olimpiadas se dirige a firmas como Fila, Puma, ASICS, para pedirles que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores en toda la cadena productiva y que integren criterios éticos en sus prácticas de compra. Por otra parte, insta a las marcas más importantes, Nike, Reebok y Adidas, que ya han comenzado a asumir su responsabilidad gracias a la presión de campañas anteriores, a ejercer un claro liderazgo dentro del sector movilizando a todas las empresas clave para asegurar unas condiciones laborales dignas.

En este año olímpico, basado en el respeto a la dignidad humana y la justicia, la campaña hace un llamamiento a todas los ciudadanas y ciudadanos para que exijan a las empresas medidas urgentes para acabar con la precariedad laboral de las personas que trabajan produciendo sus artículos.

Participa en esta campaña enviando un mensaje a las principales marcas internacionales de ropa y calzado deportivo pidiéndoles su compromiso con el respeto a los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente mujeres. Haz clic aquí para enviar un mensaje a las principales empresas del sector.

Más información en: http://www.juegalimpio.org/es/index.htm

Fuente: http://www.ropalimpia.org/actividades2.htm

Mejorar el acceso a medicamentos

Un problema social, económico, médico y ético

El 95% de los 42 millones de personas que tienen VIH/SIDA viven en los países pobres. Hoy 5.5 millones personas que tienen VIH/SIDA necesitan tratamiento; solamente 350.000 personas lo están recibiendo y la mitad de ellos viven en Brasil. En Bolivia, las personas diagnosticadas de infección por T.Cruzi (la Enfermedad de Chagas) no tienen acceso a nifurtimox porque éste no está disponible. El tratamiento con benznidazol cuesta 21 veces más en Bolivia que en Brasil. Ninguno de los dos medicamentos es 100% eficaz.

Dimensión del problema

MSF es una organización médica internacional de acción humanitaria que aporta su ayuda a las víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación de raza, religión, filosofía o política. MSF está presente en más de 80 países y envía cada años a los diferentes escenarios de crisis a más de 3.000 profesionales de 45 nacionalidades distintas.En su trabajo cotidiano, los equipos de MSF son a diario testigos de muertes innecesarias debido a la falta de acceso a medicamentos esenciales que podrían aliviar y salvar la vida de miles de personas. MSF considera inaceptable la situación de presenciar la muerte de personas cuando en realidad existe un tratamiento para ellos. MSF, a través de la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales, denuncia y pone en evidencia ésta situación y trabaja junto con otros organismos e instituciones en la búsqueda de soluciones a éste problema.

En: http://www.msf.es/3_1.asp